NUESTRO PROGRAMA PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

PROBLEMA

La corrupción cuesta a la economía de la UE 120 billones de euros anuales, sólo un poco menos que el presupuesto de la UE. España, Portugal, Italia y Eslovenia son los países en los que la percepción de corrupción es más alta. El 73% de ciudadanos de la UE entienden que el soborno y las influencias son la forma más fácil de conseguir ciertos servidos públicos dentro de su país. La corrupción no es solo una cuestión de desconfianza de los ciudadanos hada las instituciones. También estamos ante un relevante capítulo de reputación internacional.

La politización en el reclutamiento de personal es un problema serio en todos los niveles administrativos.

La financiación de los partidos políticos es un problema en toda Europa. Las cuestiones fundamentales se centran en la falta de límites cuantitativos y cualitativos a las donaciones, así como en la falta de supervisión de sus cuentas. La impunidad se ha convertido en protagonista de la corrupción.

La falta de independencia y suficiente honestidad de algunos jueces y fiscales, actualmente en España, ofrece a los corruptos el mejor salvoconducto para escapar del delito. En España el crimen organizado es un problema,y la corrupción facilita su extensión.

La contratación pública. El problema más extendido es diseñar condiciones a medida de algunas empresas ofertantes, la división de las cuantías para evitar los límites legales derivados de umbrales, o injustificadas exclusiones de algunas ofertas.

El 97% de las empresas españolas declaró que la corrupción está muy extendida en España.

La OCDE (la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) duda del compromiso real de España para perseguir la corrupción de sus empresas en el extranjero.

En 2011 el Plan GRECO mostró su preocupación por el endeuda miento de los partidos, y el riesgo de dependencia de las entidades de crédito. Este plan plantea su preocupación por las asociaciones y fundaciones vinculadas a los partidos. No están obligadas a informar de sus gastos, pero podrían asumir de manera indirecta los gastos de los partidos.

La contratación pública (obras, servicios y suministros; 15,5 % de nuestro PIB). El mayor grado de corrupción se presenta en el sector de la construcción y recogida de residuos. Se evidencian sistemáticamente fraccionamiento de las cuantías para eludir limites cuantitativos y umbrales; no justificación de procedimientos de urgencia; falta de criterios de selección y la deficiente justificación de la elección.

Sobre la corrupción en niveles de Nacionalidades autonómicas, Comunidades Autónomas y ámbito local, carecemos de esquemas de rendición de cuentas, pulcritud del gasto público, limpieza y legitimidad en la gestión.

SOLUCIÓN

1)        Declaraciones de activos. El mecanismo de la “declaración de activos” de personas en determinados puestos es una medida clave. Esta transparencia aclarará y ayudará a prevenir conflictos de intereses o enriquecimientos ilícitos. La clave de la “declaración de activos” radica en verificar las declaraciones. Es inaceptable que no se designe ningún Órgano para la verificación.También es inaceptable que se cree el Órgano, pero con manifiesta carencia de medios.

2)        Conflictos de interés. Deben determinarse cuidadosamente las alertas e indicios constitutivos de conflictos de interés. El político presenta a menudo intereses privados, personales, que influyen sobre sus decisiones. Son una constante, especialmente en el ámbito local. Ni las normas internas de los partidos, ni sus códigos de conducta son adecuados para atajar los conflictos de intereses.

3)        Transparencia. La experiencia muestra que no hay caso de corrupción a gran escala en el que no intervenga el sector financiero. Los sistemas de alertas, sospechas fundadas, indicios y evidencias pesarán sobre las Entidades financieras. Se deben constituir como sujeto especialmente obligado en materia de corrupción. Estas cautelas deben extenderse a las grandes Corporaciones privadas.

4)        Protocolos. Las empresas públicas suelen mostrar serias deficiencias, politización en los nombramientos, insuficientes medidas para impedir conflictos de interésy debilidad en sus controles internos. Se constituirán como sujetos obligados en este ámbito, junto con los propios partidos políticos y las grandes Corporaciones privadas. Deberán establecer protocolos de actuación sobre las alertas y evidencias de corrupción previsibles, que serán visados previa e imperativamente por la Agencia Central Anticorrupción.

5)        Lobbies. Se impone la profunda regulación y transparencia en la actividad de los lobbies. Serán sujetos muy especialmente obligados en materia de corrupción.

6)        Debe reforzarse la regulación de los préstamos a partidos politicos.

7)        Debe diseñarse un índice Unificado de Datos de Contratación Pública en España. El índice contendrá cuantas alertas, evidencias y sospechas fundadas sean relevantes para los Organismos de Control y Seguimiento de la corrupción. Se dotarán mecanismos para proteger de inmediato a los denunciantes de estas alertas. Estas denuncias, según los casos, podrán interponerse ante instancias administrativas, como judiciales o de fiscalía.

8)        Una policía Fiscal, de competencia e intervención en todo el territorio nacional vigilará la pulcritud y limpieza en la gestión del gasto público.

CÓMO LO QUEREMOS CONSEGUIR

1)        El mecanismo de la “declaración de activos” se atribuirá a una Agencia Independiente, muy dotada de medios,y asistida permanentemente por una policía fiscal y anticorrupción bajo su mando directo. Esta Agencia accederá a cuantos datos, alertas o indicios sean relevantes, sin restricción, para poder detectar inconsistencias o incoherencias en las declaraciones.

2)        Crearemos una Agencia Independiente para controlar posibles

conflictosdeintereses.ubicadaorgánicamentefuera de la Administración y del Gobierno, con responsables nombrados por mayoría cualificada de Las Cortes Generales. El pase de la función pública a la empresa privada se examinará como ALERTA DE CONFLICTO,y se evaluará en cada caso muy cuidadosamente. Para ministros y altos cargos del Gobierno se establecerá un régimen de prohibiciones. Durante al menos 6 años no podrán determinados cargos públicos trabajar en determinados cargos de la empresa privada. Es inaceptable que un Presidente del Gobierno o un Ministro, cesado en su cargo, al poco tiempo, pase a desempeñar relevantes cargos corporativos en Entidades sujetas al ámbito de sus anteriores competencias públicas.

3)        El proceso penal español es completamente insuficiente para luchar contra la corrupción. Mediante los datos facilitados por la Agencia Independiente y por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), los bienes del corrupto deben ser intervenidos,decomisados o embargados ANTES de que comience el proceso judicial. Estas medidas administrativas y preventivas son indispensables. Las medidas cautelares de comiso, embargo e intervención sobre el patrimonio del corrupto se regularán con sumo detalle, extensión, consistencia y eficacia práctica. No volverá a ser posible que el corrupto navegue en su yate mientras cientos de miles de estafados, por ejemplo, se hunden en el pantano de los juzgados españoles.

4)        Según cuantías, intereses en juego y número de imputados los procesos penales sobre corrupción nunca se prolongarán durante más de 6 a 18 meses.

5)        No existirá posibilidad de interponer recursos hasta que se declare concluso el procedimiento de instrucción.

6)        Se regularán inmunidades para los juecesque tramiten estos procesos. Se crearán Juzgados Penales Económicos en todas las capitales de provincia. La policía fiscal dependerá directa y exclusivamente de los jueces titulares de estos juzgados.

7)        Se regulará la prisión preventiva como medida cautelar específicamente dotada para esta clase de delitos, bajo los criterios esenciales de riesgo de desaparición de pruebas y peligro de fuga. La puesta en peligro de los bienes de las víctimas se conectará adecuadamente con el profundo perjuicio que supone para la economía nacional la perseverancia del corrupto.

8)        Una Agencia Central Anticorrupción abordará este fenómeno tan nocivo. Coordinará, impulsará, regulará y supervisará todo el ámbito preventivo administrativo. La integrarán, al menos, miembros de la policía fiscal, interventores, altos funcionarios del ámbito de la Supervisión y jueces pena les económicos y fiscales. Ningún político podrá integrarla, salvo transcurridos 10 años desde el cese en sus funciones políticas. El acceso a este Órgano tan relevante requerirá refrendo de la ciudadanía, bajo un sistema mayoritario tomando como colegio electoral todo el territorio nacional. Cuantos funcionarios trabajen en esta Agencia Central serán seleccionados mediante oposición estricta y objetiva, nunca mediante mera “exposición oral” de temas, sino a través de mecanismos muy contrastada mente objetivos para evaluar los conocimientos, tales como exámenes tipo test. Para fortalecer su independencia, el nombramiento de su máximo responsable, no será del Gobierno, sino que será designado por mayoría cualificada de Las Cortes Generales.

9)        La independencia real de los jueces es el elemento clave de las políticas anticorrupción. A ello debe sumarse la independencia efectiva del Ministerio Fiscal. No caben jerarquías ni dependencias en este ámbito. Debe suprimirse el Consejo Fiscal,el Consejo General del Poder Judicial, o cualquier otro Órgano que pretenda absorber y limitar tal independencia mediante presiones e injerencias.

10)      Suprimiremos toda inmunidad, aforamiento o posible indulto cuando se trata de imputaciones por delitos de corrupción.

11)      Se protegerá muy especialmente a las personas que denuncien casos de corrupción, especialmente dentro de la Administración y grandes organizaciones privadas.

12)      Regularemos en España la actividad de los grupos de presión. Serán sujetos muy especialmente obligados en materia de corrupción y blanqueo de capitales. Tendrán prohibido operar en nuestro país mediante sociedades interpuestas y testaferros. Sus miembros directos e indirectos estarán sujetos a especiales declaraciones patrimoniales.

13)      Se calificarán los partidos políticos como sujetos obligados en

materia de corrupción y de prevención del blanqueo. Deberán informar de toda transacción con asociaciones,fundaciones, testaferros, personas físicas o jurídicas o entidades financieras. Tales operaciones serán examinadas de cara a que se estén utilizando personas interpuestas para vulnerar la normativa de transparencia y de donaciones a los partidos políticos. Deberán contar con personas y mecanismos internos de control, sujetos a supervisión.

14)      El índice Unificado de Contratación pública contendrá cuantas alertas, evidencias y sospechas fundadas sean relevantes para los Organismos de Control y Seguimiento de la corrupción. Se dotarán mecanismos para proteger de inmediato a los denunciantes de estas alertas. Estas denuncias, según los casos, podrán interponerse ante instancias administrativas,así como judiciales o de fiscalía.

15)      La Policía Fiscal. Estará dotada de competencias específicas en materia corrupción, blanqueo de capitales, control y pulcritud del gasto público, a nivel de prevención administrativa y judicialización penal. Su competencia se extenderá a todo el territorio nacional, bajo mando directo y exclusivo de las Agencias de intervención y control en la materia, de los Jueces de juzgados de lo penal-económico y del Ministerio Fiscal.

16)      La Oficina de Conflictos de Intereses podrá incoar investigaciones y pesquisas de oficio,sin necesidad de denuncia formal.

17)      Todas, absolutamente todas, las declaraciones de activos obligatorias por parte de cualquier cargo público se sujetarán a verificación sistemática por los órganos de prevención antes señalados, bajo apercibimientos expresos de incurrir, al menos, en la comisión de delitos de falsedad o en la comisión de incumplimientos administrativos debidamente sancionados, con sanciones públicas y conocidas.

18)      Desde el Parlamento europeo deben promoverse una Jurisdicción única en materia de corrupción, blanqueo de capitales y lucha contra el terrorismo. La fragmentación actual sólo aprovecha a quienes delinquen en estos ámbitos.

19)      Mientras no se culmina tal Jurisdicción única, deben plasmarse directivas europeas que fuercen a coordinar adecuadamente las diferentes Jurisdicciones de los Estados. Es preciso superar las severas dificultades que la normativa europea ofrece, sobre todo cuando se pretende que las resoluciones judiciales de un Estado tengan efecto en otro Estado miembro.

RED

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