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Prevaricadores y corruptos van de la mano: La jueza imputó a Elpidio Silva por filtrar los correos de Blesa en contra del criterio de la Policía 

Juez-Elpidio-Jose-Silva-Blesa_EDIIMA20140611_0103_13La jueza imputó a Elpidio Silva por filtrar los correos de Blesa contra el criterio de la Policía

La jueza que investiga la publicación de los correos de Blesa y la Fiscalía de Madrid actúan en contra del criterio de la Policía. La magistrada Susana Polo ha imputado a Elpidio José Silva por un delito de revelación de secretos, cometido supuestamente al entregar a varios medios de comunicación los mensajes del expresidente de Caja Madrid. Para imputar a Silva y citar como testigos este viernes a ocho personas, Polo remite al contenido de un informe policial del 22 de mayo. Sin embargo, según informaron a eldiario.es fuentes próximas a la investigación, los agentes de la Brigada de Policía Judicial de Madrid despreciaron los indicios existentes en la causa y recomendaron a la jueza no continuar investigando.

NUESTRO PROGRAMA SOLUCIONA EL EQUILIBRIO DE PODERES

EQUILIBRIO DE PODERES

PROBLEMA

Los jueces carecen de independencia real y efectiva en España. Cuando investigan casos de corrupción, pueden ser apartados de La instrucción de Los procedimientos mediante expedientes discipLinarios infundados, recusaciones temerarias y quereLLas faLsas. Los fiscaLes carecen, asimismo, de taL independencia, bajo eL principio jerárquico que Los somete aL caudiLLismo de Los fiscaLes jefe y deL FiscaL GeneraL deL Estado. Los funcionarios púbLicos,taLes como Inspectores Tributarios, Interventores o Secretarios de Ayuntamiento, asientan su Estatuto en un ámbito de jerarquía y de dependencia que Los convierte en víctimas de cuaLquier tipo de presión. CuaLquier funcionario que pretenda denunciar supuestos de corrupción corre peLigro en un sistema de profundo desamparo, donde apenas se premia La honestidad funcionariaLTodas estas circunstancias incLuso se acrecientan cuando se trata de empleados de los diferentes Organismos Supervisores, tales como el Banco de España, La CNMV o La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

SOLUCIÓN

1)        El actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal como hoy se concibe, debe desaparecer. Diseñaremos un Órgano con efectivos mecanismos de amparo y protección de los jueces. Gozará de competencias para autorizar la incoación de procedimientos penales contra jueces, una vez que hayan finalizado los procedimientos de que se trate. Preferiblemente se tratará de un Órgano o Sección incardinada en el Tribunal Supremo.

2)        Los criterios y requisitos de nombramiento en la cúpula judicial deben ser muy objetivos o, preferiblemente, se elegirán por elección

popular. El colegio electoral corresponderá al ámbito competencial del cargo judicial de que se trate, provincial (Presidencias de Audiencias), autonómico (Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia) o estatal (Magistrados y Presidente del Tribunal Supremo).

3)        El Fiscal General del Estado estará sujeto a elección popular. Se consagrará la independencia de los miembros del Ministerio Fiscal. El

régimen de tal independencia será como el de los jueces.

4)        Cualquier funcionario que desarrolle competencias en materia de corrupción, o que denuncie casos constitutivos de la misma, gozará de independencia y protección especial dirigida a evitar represalias en el ejercicio de sus funciones y conseguir aislar al corrupto. Se garantizará la permanencia en el puesto para el funcionario que informe de estas prácticas. Se regularán especiales procedimientos administrativos de amparo, a fin de que estos funcionarios no sean apartados, trasladados, separados del servicio o expedientados, como consecuencia de su proceder legítimo en la materia.

CÓMO LO QUEREMOS CONSEGUIR

1)        Algunas de estas soluciones requieren poner en marcha de inmediato los procedimientos parlamentarios dirigidos a una reforma legal y, si fuese preciso, constitucional. Otras, no. Se protegerá de inmediato a los funcionarios denunciantes en casos de corrupción mediante la regulación al efecto.

2)        Consagraremos la independencia del Ministerio Fiscal, mediante la derogación del actual Estatuto regulador.

3)        Dotaremos la actual cúpula judicial con criterios muy visibles y transparentes, basados en concursos de méritos objetivos, que no respondan a ningún clientelismo o desviaciones personales.

4)        Se dotarán mecanismos de amparo y autonomía para cuantos empleados públicos prestan sus servicios para los diferentes Supervisores. La regulación de severas garantías de independencia permitirá que estos Supervisores equilibren poderes que, hoy por hoy, se hallan escandalosamente concentrados en pocas manos.

SOLUCIÓN

1)        El gravamen sobre las transacciones financieras, la llamada Tasa Tobin, cumple estos principios, al tiempo que proporciona ingresos públicos especialmente necesarios en la situación que vivimos. España parece que apoya esta tasa en Bruselas, en las negociaciones para implantarla en todo el espacio económico europeo. Pero, curiosamente, no la impone unilateralmente dentro de nuestro país como ya han hecho Francia, Italia o el Reino Unido. Los políticos de estos tres países han sabido imponerse a la presión del lobby financiero.

2)        Hay que conseguir aumentar la progresividad del sistema. El gravamen a las rentas más altas debe ser superior al de las rentas más bajas, haciendo realidad un mayor grado de justicia y equidad en el reparto de la carga tributaria.

3)        Es preciso simplificar la inabarcable e intrincada normativa tributaria. Esta complejidad,en ocasiones,es deliberada, para que acabe beneficiando el pequeño grupo de expertos,empleados por las grandes Corporaciones (las del 3,5 % del impuesto de sociedades).

4)        La UE ha de jugar un papel clave para lograr un sistema tributario equitativo y suficiente. La globalización favorece también a las grandes fortunas. Ouien tenga su patrimonio entre varios países no debe beneficiarse del desconocimiento de sus Administraciones Tributarias, eligiendo la jurisdicción con tributación menor.

5)        Deben estandarizarse en Europa orientaciones y enfoques alternativos en la ejecución de la política tributaria. Debe cambiar en España la orientación del “pájaro en mano”. Se prima la “recaudación actual” y fácil, frente a la lucha selectiva orientada en medio plazo contra grandes empresas y patrimonios, más lenta y compleja, pero más justa y provechosa. Se prefiere “excavar” en las clases medias en la búsqueda de recursos económicos, en lugar de enfrentarse a las grandes Corporaciones.